LA VOCACIÓN FEDERAL ESPAÑOLA. Política

Como Pepiño Blanco no pasó de segundo de Derecho, no sabe (ni le urge saber) qué diferencia existe entre la estructura federal de un Estado y la estructura autonómica. Por eso dice que, cuando Rajoy apeló el otro día a una reforma constitucional que delimite las competencias entre el Estado y las Autonomías, no es más que un “exabrupto” (sic) del líder popular; “una cruzada (sic) del PP contra el Estado autonómico” que “le sitúa de nuevo en Alianza Popular”, fruto todo ello de “su incompetencia (sic) para entenderse con los partidos que operan (sic) en las Comunidades”, lo cual le lleva a “hacer planteamientos del pasado”. Varias cosas.

En primer lugar, abogar por la reforma constitucional, o por una reforma constitucional, no es ningún “exabrupto”, es una posibilidad contemplada en la propia Constitución. De seguir la tesis de Blanco, nuestra Constitución sería una especie de “Constitución exabrupta”; algo, que sólo por ser planteado por los enemigos del socialismo real, sospecho, es inválido de raíz. Pero bueno, lo dicho: el secretario del PSOE no completó su formación jurídica y ahí se le nota un poco despistadillo.

En segundo lugar, no creo que exista por parte del PP cruzada alguna contra el Estado autonómico. Al contrario. Si hay alguien que haya defendido el modelo original del Estado autonómico, ese ha sido el PP. Ataques, que no cruzadas, al Estado autonómico existen y han existido desde el año 1977. No, no me equivoco cuando retrotraigo a aquella fecha el disenso constitucional. En ese año comenzó la elaboración del texto constitucional. Y esos ataques han venido y siguen viniendo del nacionalismo mendaz. No quiero decir que todo nacionalismo sea mendaz, sino que todo el nacionalismo español es mendaz. Nos ha tocado así, qué le vamos a hacer. Catalanes, vascos, gallegos… Esos son los cruzados contra el Estado autonómico. Curiosamente con aquellos que gobierna el partido de Blanco (Galicia y Cataluña) o con aquellos con los que estaría deseando (País Vasco y Navarra). ¿Se podría decir, pues, que Blanco es un colaborador de los cruzados del Estado autonómico? Sin lugar a dudas. ¿O caso nadie desconoce que dichos nacionalismos no tienen otra aspiración que su separación de la perversa España? Es cierto que AP, el entonces partido de Fraga, se opuso a la ordenación autonómica del Estado. Luego ha sido su estandarte. La cuestión ahora es que el Estado autonómico se halla en una crisis inocultable. Y no precisamente por culpa de AP, sino por el nacionalismo satisfecho, o en vías de serlo. En esto hay que darle la razón ha Blanco. Efectivamente, el PP está realizando una incipiente campaña contra el Estado autonómico, como hiciera en el pasado. Pero como veremos inmediatamente, eso no es motivo de esta crítica enconada, al contrario: es la evolución natural de nuestra Constitución.

Y tercero. En efecto, Rajoy no se entiende con los operadores políticos (sic) nacionalistas. Para eso ya está el PSOE, que se entiende más que bien (con sus cosillas…) con el nacionalismo que haga falta: sea para gratificar a los catalanes con un nuevo Estatuto o sea para negociar (sí, sí, negociar) con la mismísima ETA. A eso le llamo yo entenderse, cada uno con lo suyo, pero al final se entienden. Otra cosa es que ese entendimiento sea positivo para España en su conjunto, cosa que niego tajantemente desde este mismo instante.

Una vez dicho esto, no quisiera que los motivos que me han llevado a intentar abatir las palabras de Blanco no quedasen debidamente razonados. Así pues, en primer término parto de una consideración a la que ya me he referido anteriormente: la vocación federalista de la Constitución. Es decir, nuestra Carta Magna previó, como sistema novedoso, una fórmula de competencias doble: unas de las cuales corresponderían al Estado, y otras, el resto, a las Comunidades Autónomas, que irían progresivamente asumiendo las mismas a medida que lo fueran solicitando. En fin, existiría una tercera posibilidad: que las Comunidades pudieran, excepcionalmente, reclamar al Estado competencias de titularidad estatal, las cuales se ceden o se delegan.

El problema que esto entrañaba (y sigue entrañando) es que el sistema, como todo sistema de listas cerradas, se agota en un momento determinado. Esto es, una vez que las Comunidades Autónomas han asumido todas y cada una de las competencias asumibles (de la lista cerrada), comienzan a reclamar las de competencia estatal. El asunto se complica cuando ciertas Comunidades ya poseen a día de hoy una gran parte de las competencias originalmente estatales. Es el caso de Cataluña, primero, y de Euskadi, segundo. No es difícil deducir lógicamente que por este procedimiento llegará el día en el que la presencia del Estado en las Comunidades Autónomas será “residual”, como ha dicho un ilustre compañero de partido de Blanco. Es el fenómeno de la centrifugación y de la centripetación.

Acierta Rajoy al defender una revisión competencial de la Constitución, pero no ya por cuestiones de nacionalismos centrales o periféricos, sino por una razón de eficacia, y para evitar, si se puede, que España no sea nunca un mero “residuo”; ya que, aun cuando así fuera, me gustaría seguir viviendo en este “residuo”, siempre que la libertad intelectual siguiera incólume. Mejor libre en el residuo que preso en cualquier Nación onírica.