"Sin Justicia, no hay democracia; sin Justicia, no hay Estado de Derecho; sin Justicia, los derechos y libertades de los ciudadanos se quedan sin contenido y el poder actúa sin control. La Justicia como servicio es valorada muy negativamente por los ciudadanos, lo que no es de extrañar dado el abandono y la crisis presupuestaria en la que el Gobierno ha situado a la Administración de Justicia. La Justicia en España es lenta, cara, poco transparente y, por ello, no igualitaria. Los socialistas queremos hacerla ágil, económica, responsable, igual y de calidad. Para lograrla, el Partido Socialista propuso y firmó un Pacto de Estado que el Gobierno ha incumplido clamorosamente.

La Justicia como poder ha sido utilizada, maltratada y manipulada por el Gobierno. Ello es congruente con una política criminal que ha ido encaminada a la pura y dura represión del pequeño delincuente, -ineficaz porque no rehabilita, y no reduce las tasas de criminalidad- pero no se ha dirigido a perseguir la delincuencia organizada, la criminalidad económica y la creciente
delincuencia violenta. Nosotros, los socialistas, queremos hacer un moderno y eficaz sistema judicial que actúe en defensa del interés público y emplee con rectitud, rentabilidad y eficiencia, el dinero del contribuyente. Nuestros objetivos y la forma de conseguirlo son los siguientes:

Un Ministerio Fiscal imparcial y sujeto al principio de legalidad, investigador en el proceso penal y al servicio de un juicio justo y con todas las garantías. Un nuevo proceso penal que garantice la doble instancia. Por la Fiscalía se adoptarán criterios de investigación objetivos, generales, imparciales y homogéneos, estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley. Se revisará la plantilla del Ministerio Fiscal para adecuarla a sus nuevas responsabilidades. Se revisarán los criterios de designación de fiscal responsable de cada caso, acentuando las competencias de las Juntas de fiscalía. El Gobierno no podrá prohibir ni impedir una investigación concreta.
Los Fiscales Jefes serán renovados cada cinco años, de acuerdo con criterios objetivos de capacitación, objetividad, rendimiento y especialización, siempre que se den causas objetivas para ello.

Prometemos también un Fiscal General del Estado, no del Gobierno: Reformaremos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el Fiscal General del Estado tenga un mandato de cinco años, no renovable, con causas de cese tasadas y objetivadas. Estableceremos una comparecencia en el Parlamento previa a su nombramiento, y el adecuado control parlamentario de sus decisiones. El Fiscal General del Estado no podrá intervenir ni tomar decisiones en relación con procedimientos penales que afecten a los miembros del Gobierno de la Nación. En su lugar actuará el Fiscal Jefe correspondiente, oída la Junta de Fiscales de Sala".

Programa electoral del PSOE. 2004.

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