Uno de los puntos que han destacado los comentaristas de la última entrega de la encuesta del CIS ha sido la visión que nuestra sociedad tiene respecto de la inmigración. Y es que el fenómeno de la circulación de personas es colocada por los españoles como el segundo problema nacional, tras el paro. Sin embargo, es llamativo que la inmigración se conciba como un problema en sí y no como un fenómeno de consecuencias nocivas. Los españoles, según este sondeo, no tienen inconveniente en tener como vecinos a extranjeros (sólo un 14% admite que no querría compartir escalera con ellos). Por tanto, el problema de la inmigración lo enfocamos los españoles desde un punto de vista económico. En efecto, una amplia mayoría de los encuestados es partidario de conceder a los inmigrantes una amplia gama de derechos (derechos de los que, por otra parte, ya gozan desde el año 2000). Ahora bien, se estima generalmente (por el 85% de encuestados) que sólo entren en España aquellos que ostenten un contrato de trabajo que permita que ellos mismos puedan mantenerse por sus propios medios y no que el Estado se tenga que hacer cargo de su manutención.
Creo francamente que esta encuesta ha dado en el clavo. Los españoles, frente a la tendencia super-aperturista del actual Gobierno y siguiendo la tendencia restrictiva marcada por la UE, contemplamos la inmigración como un fenómeno eminentemente económico, como digo, no tanto como un problema de choque de civilizaciones o de mezcla de culturas, sino como una cuestión de que el Estado pueda asumir tal cantidad de nuevos demandantes de servicios públicos.
España ha pugnado constantemente, ya desde el anterior régimen, por poder lograr un sistema de bienestar social que cubra, en la medida de lo posible, las necesidades más importantes de sus ciudadanos. Llegado el tiempo en que ese nivel está en su cota máxima, no resulta positivo que el sistema se vea obligado a absorber una gran nueva masa de ciudadanos. El fenómeno es idéntico al de una autopista: es segura porque el tráfico es más reducido que en una carretera convencional y porque está mejor dotada que estas otras. Por eso, si se colapsa una autopista, dejará de ser lo segura y rápida que fuera deseable y para cuyo cumplimiento se construyó.
Si las listas de espera de los hospitales, y la demanda de plaza en los colegios se saturan, los esfuerzos hechos hasta ahora no sirven de nada, al contrario: seguirán lastrando nuestra economía indefinidamente. Lo mismo puede decirse de otros servicios como los institutos de la vivienda, bibliotecas, cibertecas, centros de ocio y deporte, etc.
El lema “los españoles primero” es un lema de mala fama pero con el que estoy francamente de acuerdo, no en el sentido de que me tengan que atender en la consulta del médico a mí antes que a un pakistaní, sino en el sentido de que los recursos y servicios que nuestro país ha tardado tanto en adecentar (aunque aún estemos en ello) sirvan nuestras necesidades y, en la medida que puedan amparar a los demás, así se haga. Dicho de otra forma: si nuestra seguridad social, en cualquiera de sus vertientes, puede sostener a 1000 personas, y los españoles, somos 900, no habría inconveniente en dejar entrar a 100 extranjeros. Sí, ya sé que esto es muy difícil de calibrar. Pero lo que no se puede admitir, y eso lo dice la encuesta del CIS, es que entren por la frontera cientos de miles de “turistas” extranjeros que se queden en España en tal concepto de forma indefinida cuando sólo pueden permanecer durante 3 meses.
La inmigración, pues, es un problema: lo piensan los españoles, y así lo recoge el CIS. La solidaridad está muy bien, pero es infinita: es peligroso empezar a reparar la pobreza de otros porque siempre se podrá dar más. Tengamos un poco más de sensibilidad hacia los propios españoles antes de tenerla por los nacionales de pueblos extranjeros. Satisfagamos antes nuestras necesidades que la de los otros. Dejémonos de progresías trasnochadas y trabajemos con las encuestas en la mano como hacemos cuando nos conviene.
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